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El presidente de Uruguay aseguró que "se van a levantar, siempre se han levantado". Lo hizo luego de reunirse con Cristina Kirchner para analizar la situación por las restricciones que aplicó Guillermo Moreno a las importaciones

Luego de la cumbre que mantuvo con la presidente Cristina Kirchner, el mandatario uruguayo, José Mujica, se mostró confiado en que la Argentina levantará las trabas comerciales.

"Se van a levantar, siempre se han levantado", destacó ayer el presidente uruguayo al participar de los festejos del Bicentenerio, según publicó el diario El País de Uruguay.

Mujica se reunió el viernes último con Cristina Kirchner para analizar la situación que se produjo ante las restricciones que aplicó la Secretaría de Comercio Interior, que conduce Guillermo Moreno. 

Se trata de nuevos límites en las importaciones para evitar el ingreso de productos que ya se fabrican en el mercado interno.

La medida generó malestar entre los empresarios uruguayos, quienes advirtieron sobre el impacto de las trabas en sus exportaciones.

La mejora en los ingresos corresponde a la Ley de Movilidad, que en dos años y medio ya produjo subas por 78 por ciento. El nuevo aumento alcanza a 5,6 millones de jubilados y pensionados, un millón de pensiones no contributivas y a ex combatientes de Malvinas.
 
Por David Cufré

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sorprendió ayer al anunciar el aumento de las jubilaciones correspondiente a marzo. Sorprendió por su aparición inesperada en la conferencia de prensa en la que otros funcionarios iban a dar a conocer el resultado de la recaudación impositiva de enero, pero sobre todo por el monto de la suba en los haberes previsionales: el ajuste es del 17,33 por ciento, el más alto de los últimos años. La mejora alcanza a 5,6 millones de jubilados y pensionados del régimen general, a un millón de beneficiarios de pensiones no contributivas y a 21 mil ex combatientes de Malvinas. Como se trata del incremento marcado por la ley de movilidad, su alcance es uniforme, sin diferencias entre unos y otros. La jubilación mínima pasa de 1046,43 a 1227,78 pesos a partir del primer día del próximo mes, en tanto que 1,8 millón de jubilados que reciben el subsidio de 45 pesos del PAMI cobrarán desde entonces 1272 pesos.

“A la jubilación mínima que estaba en 150 pesos la hemos aumentado 780 por ciento en estos años, subimos su valor ocho veces”, destacó la Presidenta, marcando comparaciones con los doce años de haberes congelados durante el menemismo y el gobierno de la Alianza. Lo siguiente que dijo fue que desde que se aplica la fórmula de la ley de movilidad, muy resistida en su momento por la oposición, todos los haberes previsionales experimentaron un alza del 77,98 por ciento. La sucesión fue la siguiente: 11,69 por ciento en marzo de 2009, 7,34 en septiembre de ese año, 8,21 en marzo de 2010, 16,90 en septiembre pasado y 17,33 dentro de un mes.

Las estimaciones de consultoras privadas marcaron para 2009 una inflación en torno del 15 por ciento, contra aumentos de jubilaciones del 19,9, mientras que para el año pasado esas agencias arriesgaron un alza de precios de alrededor de 25 puntos, con una suba de los haberes del 26,5 por ciento. Es decir que en esos dos años las jubilaciones le ganaron a la inflación medida por el sector privado. El piso que acaba de fijar el Gobierno para 2011, con este aumento del 17,33 por ciento, seguramente determinará que será otro año de recomposición real de los ingresos previsionales.

El anuncio se produjo en momentos en que un sector de la oposición encabezado por el radicalismo impulsa una consulta popular para insistir con la idea del 82 por ciento móvil para la jubilación mínima. La Presidenta vetó esa ley en octubre pasado calificando a la iniciativa del Grupo A como la “ley de quiebra del Estado”, porque los compromisos fiscales que imponía llevaban a esa situación, de acuerdo con la visión oficial. Con el nuevo aumento, la jubilación mínima pasa a representar el 66,7 por ciento del salario mínimo, vital y móvil (1840 pesos), y la cifra se estira a 69,1 si se suman al cálculo los 45 pesos que paga el PAMI. Para llegar al 82 por ciento, la mínima debería subir ahora a 1508 pesos. Son entre 280 y 236 pesos de diferencia, respectivamente.

“Lo que plantea la oposición es insostenible. Todos queremos mejorar las jubilaciones, pero nosotros lo hacemos de manera sustentable. Paso a paso, en etapas, vamos encontrando soluciones a los millones de problemas que tenía el sistema previsional y de seguridad social. Aumentamos las jubilaciones, terminamos con las AFJP, aprobamos la Ley de Movilidad, incluimos a 2,6 millones de personas a través de las moratorias, pasamos a pagar un millón de pensiones no contributivas, creamos la Asignación Universal por Hijo, y vamos a seguir mejorando, pero con racionalidad”, retrucó Diego Bossio, titular de la Anses, en diálogo con este diario.

CFK sumó otro ingrediente a la polémica con la oposición. “El factor que más incidió para este importante aumento fue la recaudación”, indicó. La fórmula de la movilidad se nutre básicamente de dos insumos: la evolución de los ingresos impositivos (IVA, Ganancias, cigarrillos y otros) y la marcha de los salarios (medidos por el índice del Indec o el Ripte, que elabora el Ministerio de Trabajo). Para la próxima suba de marzo, el componente de la recaudación aportó 20,4 por ciento, mientras que el incremento de los salarios de los trabajadores activos fue de 14,5 puntos. De ese promedio surge el 17,33. En su momento, la oposición rechazó que se incluyera en la fórmula la parte de la recaudación, y pidió que sólo se utilizara el índice de salarios. Si eso hubiera sido así, esta vez las jubilaciones registrarían un aumento del 14,5 por ciento, en vez del 17,3.

A pesar de las importantes subas de los últimos años, el sistema previsional registra un crecimiento constante de la litigiosidad. Las miles de demandas que se presentan todos los meses a los juzgados previsionales tienen básicamente dos fuentes: los reclamos de recomposición de haberes previsionales por el período anterior a 2002, y lo mismo para el lapso 2002-2006, en este caso de quienes ganaban jubilaciones de más de 1000 pesos. Estos últimos se amparan en el fallo Badaro de la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno argumenta que su política fue destinar los pocos recursos que había en ese momento a mejorar la situación desesperante que padecían los jubilados de menores ingresos, en una política de redistribución de ingresos. “Si se hubiera aplicado el porcentaje de aumento de Badaro para todos los jubilados, hoy la mínima sería de 800 pesos”, precisó Bossio.

El ministro de Economía, Amado Boudou, fue en la misma línea. “Lo que nosotros construimos fue un modelo sustentable, donde queda claro que a mayor crecimiento de la economía, más suben las jubilaciones, y los aumentos se pueden pagar sin poner en riesgo el sistema”, remarcó ante Página/12. Con la perspectiva de un 2011 de fuerte expansión del PIB, el alza de jubilaciones de septiembre seguramente volverá a estar en los dos dígitos.

Rousseff inaugurará su agenda internacional con una visita a la Argentina de menos de 24 horas, en las que se entrevistará con la presidente Cristina Kirchner en un encuentro a solas y luego en una reunión ampliada de trabajo con ministros de ambos países

Foto de Archivo"Estamos pensando en una política de contenido regional, conjunta, con la Argentina. Estamos elaborando una agenda por la que la Argentina y Brasil, puesto que son países con grandes recursos alimentarios y también energéticos, puedan aumentar la agregación de valor y la generación de empleo en la región. Con la Argentina queremos una sociedad en el área de tecnología e innovación y una sociedad para el uso de tecnología nuclear con fines pacíficos", expresó la presidente brasileña.

Y subrayó que "una vez más, el Gobierno brasileño asume con el argentino el compromiso de desarrollar una política conjunta y estratégica de desarrollo de la región. En nuestro caso, pensamos que el desarrollo de Brasil debe beneficiar a la región entera".

En su acotada agenda, que obligó a descartar una posible visita al Museo de la Memoria en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, la jefe de Estado brasileña se entrevistará por la mañana a solas con su anfitriona en Casa de Gobierno.

Ambas, recibirán en la misma Casa Rosada a las integrantes de las asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, para posteriormente integrarse a las reuniones paralelas de los equipos ministeriales de ambos gobiernos.

Se prevé que Rousseff llegue acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota; de Hacienda, Guido Mantega; de Desarrollo Social, Tereza Campelo; de Energía, Edson Lobao; de Ciencia y Tecnología, Aloizio Mercadante; y de Desarrollo, Industria y Comercio, Fernando Pimentel.

Y se espera que cada uno de los ministros tenga un encuentro con sus contrapartes argentinas, previo a que las dos presidentes suscriban una serie de acuerdos y ofrezcan una declaración conjunta la prensa.

Tras las actividades de trabajo, Rousseff será agasajada por el gobierno argentino con un almuerzo de honor en el Palacio San Martín, y se espera que luego emprenda el regreso a Brasil.

Las fuentes brasileñas afirmaron que la expectativa oficial es que la visita permita acelerar la integración productiva en algunos sectores estratégicos para el desarrollo de ambos países, y fortalecer la integración bilateral y regional sobre la base de proyectos de realziación conjunta.

A pesar de que Rousseff estará pocas horas en Buenos Aires, esta primera salida como presidente al exterior es interpretada como el gesto de la prioridad que el Planalto mantendrá en su relación con Buenos Aires para la consolidación de la asociación estratégica ya iniciada por los ex presidentes Lula da Silva y Néstor Kirchner.

La Argentina es el tercer socio comercial de Brasil detrás de China y los Estados Unidos, mientras que Brasil es el principal mercado de la producción local.

La mandataria de Brasil arribará a las 11 a Buenos Aires para reunirse con Cristina Kirchner, y luego enfocarse en una agenda conjunta de trabajo. Desea construir una estrategia "regional" entre ambas naciones.

Con escasas posibilidades de obtención de financiamiento crediticio externo para los proyectos nucleares, los desafíos energéticos por asumirse suponen que el Gobierno estima contar con la persistencia de superávit gemelos o bien con el próximo reingreso del país a los mercados internacionales de crédito.  
 
En marzo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dará a conocer el Plan Energético que se desarrollará hasta el 2030,  cuyas metas de trabajo se revisarán cada diez años para reformular algunos objetivos que puedan verse superados por las circunstancias o por los propios avances de la tecnología.

Uno de los aspectos salientes de ese  plan a largo plazo concierne al papel por  asignarse al recurso nuclear en dónde deberán irrumpir dos nuevos reactores de potencia, uno de ellos seguramente de uranio enriquecido  pero también otra  quinta instalación, en este caso de uranio natural, con lo cual se cerraría el ciclo económico e industrial desarrollado hace tres décadas en apoyo del funcionamiento de esos tipos de reactores como Atucha I y II, y Embalse. 
En el 2030 deben estar operativos  otros 3.000 MW nucleares que vendrán a sumarse  a los 1.700 MW que se contabilizarán a partir del próximo ingreso en servicio comercial de Atucha II, previsto para fines de este año.

Otro significativo capítulo del plan atañe al resurgimiento del recurso hidroeléctrico en su máxima expresión, lo que facilitará el desplazamiento del uso de combustibles fósiles de la matriz energética primaria nacional.

En la década del 90,  signada por el auge de las privatizaciones, los proyectos hidroeléctricos brillaron por su ausencia por tratarse de emprendimientos que exigen un largo proceso de amortización y una gran inversión inicial. Solo irrumpió con un subsidio específico la presa de Pichi Picún Leufú (270 MW), que en 1998 terminó la ex Pecom Energía.

El la década del 90 el  lugar de la denominada  hulla blanca fue cubierto por la irrupción de centrales termoeléctricas de ciclo combinado (Genelba, TermoAndes, AES Paraná, Central Dock Sud, Central Térmica Tucumán, Central Puerto, Mendoza, Belgrano y San Martín) de alta eficiencia energética, pero que hoy tropiezan con una angustiante escasez de gas natural.

Entre los proyectos hidroeléctricos que ya tienen inclusión presupuestaria asignada  en el 2011 figuran las represas La Barrancosa y Condor Cliff (1740 MW) por levantarse sobre el río Santa Cruz, cuyo futuro desarrollo se encarará bajo régimen de obra pública, al estilo de un camino o una escuela, sólo que esas represas insumirán un costo de 16.000 millones de pesos. Por su lado, también se prevé presupuestariamente otorgar  subsidios al proyecto Los Blancos que ejecutará Mendoza,  a la presa de Chihuidos I que tiene en marcha Neuquén o Piedra Negra que desde hace meses Techint y Panedile construyen sobre el río San Juan. Una de las grandes hidroelectricas por encararse será el proyecto binacional de Corpus, cuyo lanzamiento se ofrecerá al Paraguay en fecha próxima como “premio” al fuerte apoyo político brindado por el gobierno de Fernando Lugo y antes por la administración de Nicanor Duarte Frutos a  la definitiva terminación de Yacyretá, cuya construcción se “arrastró” 37 años lo que obligó a relocalizar en ambas orillas del Paraná a 17.000 familias.
Corpus tendrá un potencial productivo algo superior al de Yacyretá a cota máxima,  pero sin los problemas planteados por esa represa de llanura cuyos murallones se extienden 64 kilómetros, habiéndose anegado 160.000 hectáreas.

El lanzamiento de Corpus en un nuevo sitio de emplazamiento (Itacurubí) afectaría 16.000 hectáreas y su realización impulsará  a pleno a  la economía del vecino país y de Misiones. Ese proyecto demandará una inversión bien superior a los u$s6.000 millones y todavía no se resolvió sí se realizará por concesión o bajo régimen de obra pública.

También el uso de carbón tendrá un lugar asegurado porque además de los 240 MW de la central de Río Turbio, 120 de los cuales estarán en marcha a  fin de año, en total deberían entrar en funcionamiento 1.000 MW, siempre basados en termoeléctricas de avanzado diseño y bajo impacto ambiental.

Al término del 2030 el gas natural habrá visto reducir su participación en la matriz energética del 52% actual al 30%, mientras que por procesos de racionalización y equipamientos de mayor eficiencia energética se habrá ganado un apreciable ahorro estimado en torno de una intensidad equivalente a 15 puntos  de un futuro crecimiento del PBI. Finalmente el plan prevé la definitiva paralización de 1.000 MW térmicos a vapor de baja eficiencia energética y marcada obsolescencia y contaminación.